La pérdida de los valores en gran parte de la sociedad peruana es desastrosa, las autoridades regionales y centrales gastan más dinero en obras de concreto que en educar a la población, olvidando crear valores en las familias y difundir valores a la juventud.
Esta semana, la ciudad de Chimbote, a unos 450 km al norte de Lima, se conmociona por el atroz asesinato de la pequeña Tamara, de ocho años de edad. Felizmente, en esta ocasión, la Policía Nacional resolvió el caso rápidamente capturando a tres personas implicadas en el crimen, entre los que se encontraba Giancarlo Barinotto Lecca, Nelly Caballero Villanueva (20), prima de la menor, y su enamorado Max Alexander Egusquiza Lafora, quienes confesaron que planearon el secuestro para pedir un rescate y cubrir los gastos del hijo que esperan. Los tres jóvenes son estudiantes de Derecho de una de las principales Universidades de la Región.
El debate de la Pena Capital se reabre
El Código Penal Peruano, artículo 200, establece que aquel que secuestra una persona con la finalidad de conseguir un pago de una suma de dinero y como consecuencia del secuestro se produce la muerte de la persona, recibe cadena perpetua. Esto se agrava más, pues la ley también señala que quien secuestra a un menor de edad o a una persona mayor de 70 años, aun sin causarle la muerte, también recibe cadena perpetua.
"La Pena de Muerte debe aplicarse a los secuestradores de menores de edad". El congresista de Ancash, Wilder Calderón Castro formuló esta declaración, tras solidarizarse con los familiares de la pequeña de ocho años asesinada por sus plagiarios.
Según refirió el parlamentario, está trabajando en el dispositivo para que el caso de la niña conocida por las siglas de T.V.S.C. no se repita en Chimbote, en Huaraz o en cualquier parte del país. "Todos en Áncash estamos indignados, después de enterarnos de lo ocurrido en este caso, que enluta a la provincia; como autoridades consideramos que es hora de hacer justicia y que los culpables de tamaña ignominia paguen por sus delitos", acotó.
Por otra parte, Calderón Castro, visiblemente afectado con la noticia, aseveró que la policía local y fiscalía actuaron con rapidez y eficiencia.
El debate de la Pena de Muerte es permanente cada vez que se produce un hecho atroz, incluso en las últimas elecciones presidenciales estuvo presente. Por otro lado, la desconfianza en la administración de justicia se da porque es lenta y muchas veces sus sentencias son controversiales, ya que sentencias de cadena perpetua son aplicadas, y a los pocos años son liberados por razones humanitarias o por la presión de instituciones y organismos no gubernamentales internacionales, que consideran que la cadena perpetua o pena de muerte son rezagos épocas atrasadas y más bien que se debe considerar los violadores de menores o asesinos en serie como victimas de la sociedad que no los ha sabido comprender. Tal vez por eso es compresible que, en la mayoría de las sociedades hispanas, existe la sensación de la inseguridad y de la protección del victimario.
Lope de Vega, hace más de 5 siglos, inspirado por el ineficiente sistema de administración de justicia, describió en su obra magistral Fuenteovejuna cómo el pueblo desesperado se ve en la necesidad de tomar la justicia por sus propias manos.
Así podemos recordar que hace poco la población de la localidad madrileña de Villaconejos, desesperada, tuvo que hacerse justicia; y qué podríamos decir sobre los latinoamericanos que mantienen la costumbre de hacerse justicia con sus propias manos porque no confían en el sistema judicial. Lo cual es peligroso porque existe la probabilidad de ajusticiar a un o varios inocentes, como sucedió el 26 de enero de 1983, cuando ocho periodistas y su guía fueron asesinados en Uchuraccay, en los Andes centrales del Perú.
Todo esto ocurre lamentablemente porque los sistemas judiciales son lentos, cuentan con personal mal preparados y con escasos recursos materiales y que el poder político no desea arreglar, porque están mas avocados a los titulares de la prensa que les permitirán mantenerse vigentes y reelegirse indefinidamente.
Desde este lado del mundo, mi solidaridad con los padres de las víctimas y muy en especial a Juan José Cortes quien, superando el inmenso dolor que le provocó el asesinato de su pequeña Mariluz por una negligencia judicial, ha iniciado la lucha solitaria contra el sistema justicia penal española, que de lograrse, marcará un hito en todo el mundo jurídico hispano.
Publicado en el Diario La Vanguardia de Barcelona - España, el 20 de marzo de 2009.
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