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Desde noviembre pasado solo los argentinos que pueden justificar sus ingresos ante la agencia tributaria puede comprar dólares, la moneda en la que ahorran desde hace décadas. Quien se acerque a un banco o a una casa de cambio del centro de Buenos Aires requiere de una autorización en línea de Hacienda para adquirir sus billetes verdes. Sin embargo, alguien que ha ido a una casa de cambio en otros barrios de la ciudad se ha encontrado con otro panorama. “Vengo a comprar dólares”, dijo el cliente. “Sí, está a 4,85 pesos”, contestó el empleado. “Pero yo quiero comprar dólares en el mercado formal, a 4,38. Tengo autorización de la agencia tributaria”, respondió el cliente. “Pero nosotros trabajamos solo con el mercado paralelo”, dijo con desparpajo el oficinista. Las llamadas cuevas, las agencias donde se opera el dólar sin controles de Hacienda, ya no están escondidas en apartamentos, sino que dan a la calle.
En esta realidad ambigua, de mayores controles, pero de un fraude tributario aún alto, discurre Latinoamérica. La región, en donde siempre se ha dicho que pocos pagan impuestos, ha logrado elevar los ingresos tributarios desde el 14,9% del producto interior bruto (PIB) en 1990 al 19,2% en 2009, según destaca un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El documento atribuye la mejora de la recaudación impositiva al fuerte crecimiento económico, que se registró sobre todo en la última década, a una mejor gestión de las administraciones tributarias y a la imposición de gravámenes a los recursos naturales. Por ejemplo, Argentina ha aplicado altos tributos a la exportación de petróleo y materias primas agrícolas, mientras que países como Perú y Chile han elevado las regalías que pagan las mineras.
“A pesar de estas mejoras, siguen existiendo brechas significativas entre América Latina y los países de la OCDE”, afirma el estudio. La media de los de ingresos tributarios en porcentaje del PIB en los países de la OCDE alcanza el 33,8%, frente al 19,2% de los latinoamericanos.
“Como los países de la región aún disfrutan de condiciones económicas relativamente fuertes, es el momento de considerar la realización de reformas que generen recursos estables a largo plazo para que los Gobiernos puedan financiar el desarrollo”, recomienda el documento. Colombia, Panamá, Honduras, Nicaragua y Ecuador han emprendido recientes reformas tributarias, mientras que Guatemala y Costa Rica han fracasado en el intento. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte de que muchos de los Parlamentos latinoamericanos tienen sobrerrepresentadas regiones donde gobiernan partidos cercanos a las élites económicas y eso impide que progresen los proyectos de ley para gravar a los más ricos.
En Latinoamérica los impuestos sobre la renta y los beneficios empresariales alcanzan el 28% de los ingresos tributarios totales de la región, después de crecer cinco puntos porcentuales desde 1990, pero aún están por debajo del nivel de la OCDE (33%). Los gravámenes al consumo, como el IVA y los que se aplican a las ventas, han subido hasta el 35% del total, frente al 20% en la OCDE. Perdieron terreno los impuestos sobre consumos específicos, que representan ahora el 15%. Las contribuciones a la seguridad social apenas suponen otro 15%, frente al 27% en la OCDE.
Entre los países que más éxito han obtenido en la recaudación tributaria figuran Brasil, donde los impuestos representan el 32,6% del PIB, y Argentina, con el 31,4%, según recoge el informe. En cambio, les queda mucho por hacer a Guatemala, con el 12,2%; República Dominicana, con el 13,1% y El Salvador y Venezuela, ambos con el 14,4%, según advierte el documento conjunto. Haití apenas recauda impuestos por el 11,7% de su PIB. Otras economías grandes afrontan sus propios retos, como Chile (18,4%), Colombia (17,4%), México (11,8%, si se excluyen los ingresos petroleros) y Perú (15,9%).
“Los recursos fiscales adicionales permiten a los Gobiernos mejorar simultáneamente su competitividad y promover la cohesión social a través de un mayor gasto en educación, infraestructura e innovación”, señala el estudio.
No obstante, no siempre una mayor recaudación de impuestos se traduce en una menor desigualdad. Depende de quiénes los paguen y qué destino se les da. “Los sistemas tributarios progresivos y con efecto de mejoras en la distribución resultan ser la excepción en los países de Latinoamérica”, advierten los economistas Jorge Gaggero y Darío Rossignolo en una investigación publicada por el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de Argentina. En este trabajo, ambos autores señalan que el índice Gini, de desigualdad social, desciende después del cobro de impuestos en Costa Rica, Panamá, México, Uruguay y Argentina, pero sucede lo contrario en República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia y Perú.
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