viernes, 26 de diciembre de 2014
martes, 23 de diciembre de 2014
lunes, 15 de diciembre de 2014
jueves, 11 de diciembre de 2014
martes, 9 de diciembre de 2014
jueves, 4 de diciembre de 2014
jueves, 27 de noviembre de 2014
miércoles, 26 de noviembre de 2014
jueves, 20 de noviembre de 2014
martes, 18 de noviembre de 2014
lunes, 10 de noviembre de 2014
No seas tóxico, cuenta solo lo relevante
.Portada » Posgrado Personal Branding » No seas tóxico, cuenta sólo lo que sea relevante
No seas tóxico, cuenta sólo lo que sea relevantePublicado por: Jordi Collell (03/11/2014)
Para presentarnos a los demás necesitamos haber trabajado un mensaje que contenga información relevante. Aunque esta afirmación sea una verdad de Perogrullo es importante saber que tiene consecuencias prácticas que afectan a la parte visible de nuestra marca personal.
Todo mensaje va dirigido a un público objetivo que hemos escogido como receptor y nuestra presentación debe de tener en cuenta este principio. Cuando nos presentamos ya sea en una entrevista de trabajo, en la contraportada de un libro, en una reunión de trabajo, en una cena de amigos o cuando escribimos nuestro perfil en redes sociales no estamos haciendo un acto de exhibicionismo en el que nos desnudamos completamente frente a nuestros interlocutores ni tampoco hacemos un ejercicio de narcisismo para contar lo extremadamente buenos que somos si no que debemos explicar en cada caso aquello que nuestro público necesita saber de nosotros para valorarnos adecuadamente con la finalidad de que desde este momento cero empecemos a convertirnos en conocidos, reconocidos y relevantes y que podamos a partir de aquí ser los elegidos para, por lo menos, continuar la relación.
Preparar el mensaje significa pensar de manera activa y positiva en la audiencia, en lo que es relevante para ella y sobretodo en el encaje de nuestra propuesta de valor con sus necesidades. Al final nuestro mensaje llegará a su destino si somos capaces de explicar en qué podemos ser útiles y necesarios a nuestros interlocutores que no es ni más ni menos que la materialización de nuestra relevancia.
El mensaje tiene que ser clarificador, tiene que aportar más luces que sombras sobre nosotros por lo debe de valorarse y ponderarse lo que se va a contar para dar a conocer aquello que es relevante para la audiencia sin dejarse en el tintero elementos clave para nuestro posicionamiento. Lo que nos callamos, nuestra zona secreta, debe ser lo imprescindible para no crear confusión y para no perder oportunidades porque en marca personal quien mucho calla mucho yerra.
Algunas veces nos preguntamos si debemos dar a conocer de manera pública y en el primer contacto, sobre todo en redes sociales, información referente a nuestra militancia política, confesión religiosa u orientación sexual. La respuesta siempre tiene que venir ponderada por otra pregunta: ¿manifestarlo, aportará información relevante sobre mi propuesta de valor a mi audiencia? y si vemos que la información que aporta no es relevante puede ser que facilitar la información cree más sobras que luces. En cualquier caso la decisión no debe ser ni producto de la irreflexión ni de un voluntarismo mal entendido porque si decidimos no hablar sobre estos temas no estaremos mintiendo, de ninguna manera, si no que lo pospondremos para la ocasión en que desvelarlos sea realmente relevante. Nuestro es el derecho a contar y nuestro es el riesgo por lo que podemos perdernos por no hacerlo.
Ya hemos iniciado la nueva edición del Postgrado en Personal Branding que coeditamos Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna y Soymimarca en el que nuestros alumnos profundizarán en la como elaborar mensajes que sean realmente eficaces. Como es semipresencial la organización del programa permite quela matrícula siga abierta hasta final de noviembre. Todavía estás a tiempo.
Imagen CC Search / by Pixbay
jueves, 6 de noviembre de 2014
Cinco principios para alcanzar las máximas prioridades del gobierno
Cinco principios para alcanzar las máximas prioridades del gobiernoContadores de visitas
El Coronel John Anibal Smith, el líder de los magníficos en la serie de los 80’s “Brigada A”, tenía una frase de cabecera con la que remataba cada episodio en el que ayudaban a la gente buena y honesta del mundo a solucionar sus problemas: “Me encanta cuando un plan se concreta”.
Seguramente esta misma frase es la que todos los Presidentes de América Latina les gustaría pronunciar al final de su mandato, que los principales objetivos que prometieron durante la campaña y en su gobierno fueron cumplidos según lo planeado. En los sistemas presidencialistas ellos son, a fin de cuentas, los únicos responsables ante la ciudadanía que los eligió.
Con una ciudadanía activa y demandante, y un flujo de información enorme en las redes sociales, cada vez hay menos espacio para excusas que justifiquen promesas incumplidas.
Para esto, como decía en mi anterior post sobre la luna de miel de los presidentes, hay que comenzar por tener un plan donde se marquen las prioridades de forma selectiva y se identifique exactamente lo que se quiere lograr, lo que se suele hacer al comienzo del mandato.
Luego se debe trabajar en fortalecer las capacidades de monitoreo de estas prioridades desde el Centro de Gobierno con cada sector, y en la coordinación intersectorial para llevarlas a cabo, ya que cada vez más los objetivos de gobierno se logran con contribuciones de más de un ministerio o sector. El ejercicio de estas y otras funciones clave son analizadas en el nuevo libro del BID: “Gobernar para cumplir con los ciudadanos: El rol del Centro de Gobierno en América Latina y el Caribe”.
Los sistemas de monitoreo de prioridades presidenciales desde el Centro de Gobierno (las instituciones que reportan directamente al Presidente) son una tendencia consolidada en los países de la OCDE y están en auge en América Latina. Cada vez más países están haciendo un seguimiento sistemático y selectivo del avance en las prioridades gubernamentales desde la Presidencia, e interviniendo para desbloquear obstáculos cuando las cosas no funcionan. Si bien cada ministerio debe monitorear el conjunto de sus actividades, las máximas prioridades del gobierno requieren un seguimiento específico desde la Presidencia.
Existen cinco lecciones clave de la experiencia internacional sobre la función de monitoreo de las prioridades presidenciales desde el Centro de Gobierno:
martes, 4 de noviembre de 2014
lunes, 3 de noviembre de 2014
PERU - Serpentin de Pasamayo abandoned railroad grade
Estos son los restos del serpentín ferroviario en la ladera sur de Pasamayo del desaparecido ferrocarril Ancón-Huacho-Barranca también conocido como FCNOP o Noroeste del Perú.
Contadores de
visitas
Proyecto Presupuesto 2015
Proyecto Presupuesto 2015 - Peru
Contadores de visitas http://www4.congreso.gob.pe/pvp/presupuesto-2015.asp
Contadores de visitas http://www4.congreso.gob.pe/pvp/presupuesto-2015.asp
jueves, 30 de octubre de 2014
miércoles, 29 de octubre de 2014
martes, 21 de octubre de 2014
lunes, 20 de octubre de 2014
viernes, 17 de octubre de 2014
jueves, 16 de octubre de 2014
La industria criminal en México
Bajo el manto de la impunidad, las bandas organizadas cometen masacres como la de los estudiantes del Estado de Guerrero. Después de monopolizar el trasiego de la droga, se han apoderado del poder localTodo parece indicar que el Gobierno municipal y el crimen organizado actuaron de manera coordinada en el artero asesinato de seis estudiantes normalistas y la desaparición forzada de 43 de sus compañeros en la ciudad de Iguala, en el sureño Estado mexicano de Guerrero. En medio del duelo, la indignación y la movilización nacional el país se pregunta sobre las razones que llevaron a un Gobierno local dominado por el crimen organizado a ordenar una masacre de estudiantes pertenecientes a uno de los colectivos sociales más antiguos y combativos del país.
Si el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna relación con el negocio?
Para entender los motivos represores del crimen organizado hay que empezar por reconocer uno de los cambios más importantes en la industria criminal de los últimos años: en Estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder local, apoderarse de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada.
En zonas del país donde diferentes grupos criminales se disputan el control del tráfico de droga, para sufragar estos conflictos el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales —la toma clandestina de gasolina, petróleo y gas— y de riqueza humana —la extorsión y el secuestro—. En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un nuevo y valioso botín: el municipio y sus contribuyentes. Como lo demuestra la terrible experiencia de Michoacán, el crimen organizado se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios; exigía que los contratos de obra pública se otorgaran a constructoras bajo su control; y cobraba el 20% de la nómina salarial de la burocracia local. Pero la infiltración del municipio fue más allá: los grupos criminales se apoderaron de los catastros públicos municipales donde obtenían información fidedigna que les permitiera extorsionar con mayor eficacia a los hoteles, restaurantes y pequeños negocios de las ciudades bajo su dominio.
Ser autoridad pública se ha convertido en muchos municipios en un empleo de alto riesgo
Para apoderarse de los municipios y sus contribuyentes, los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el soborno o la coerción, fueron subordinando a los presidentes municipales en las zonas de conflicto. Aunque en el imaginario nacional está más presente el soborno y la corrupción de los alcaldes, hay también una larga lista de autoridades municipales, candidatos y activistas políticos locales que han sufrido atentados o han sido asesinados por el crimen organizado. Con un equipo en la Universidad de Notre Dame, mi colega Sandra Ley y yo hemos identificado más de 300 atentados y ejecuciones de autoridades locales por parte del crimen organizado en los últimos seis años. Los Estados vecinos de Michoacán y Guerrero encabezan la lista con más de un tercio del total de ataques y en Guerrero las zonas Norte, Tierra Caliente, Costa Grande y Centro son los focos de la violencia. En estos municipios, donde ser autoridad pública se ha convertido en un empleo de alto riesgo, el crimen organizado ha empezado a postular a sus propios candidatos, como parece haber sido el caso del alcalde de Iguala.
Para lograr la hegemonía local, los grupos del crimen organizado requieren de una sociedad desarticulada y aterrorizada, incapaz de cuestionar y desobedecer los dictados de las autoridades de facto. Por ello los criminales buscan establecerse en zonas con poca organización social. Pero cuando las zonas estratégicas para el trasiego y la producción de droga están en lugares donde operan fuertes movimientos sociales y comunitarios —como Iguala—, los grupos criminales intentan doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de sus líderes o mediante la represión selectiva y ejecuciones ejemplares.
La masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una acción estratégica y premeditada para sembrar el terror y doblegar a los grupos de la sociedad civil que en Iguala y en municipios aledaños participaban en distintos procesos de articulación social —incluyendo policías comunitarias— para hacerle frente a las extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las autoridades públicas a su servicio.
La masacre fue un acto de reconstitución del poder local; una acción barbárica mediante la cual el grupo criminal Guerreros Unidos quiso dejarle en claro a los movimientos sociales de la región quién era el mandamás. Fue, también, una ejecución ejemplar para incentivar a los ciudadanos y a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes de la región a continuar pagando el “derecho de piso” y con ello consolidar la toma criminal del poder en la zona.
La matanza quiso mandar un mensaje a los grupos sociales sobre quién es el mandamás en la región
Estos intentos despóticos de reconstituir el poder local mediante la violencia barbárica son posibles por la protección informal que los grupos del crimen organizado han venido tejiendo y retejiendo por décadas en las procuradurías estatales, en las policías ministeriales, en los ministerios públicos, en las prisiones y en las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República (PGR). Aunque en México hoy se vea al municipio como el eslabón más débil de la gobernanza nacional y se le identifique como la guarida desde donde opera el crimen organizado con el cobijo de las autoridades locales, en múltiples entrevistas con exgobernadores de diferentes partidos —incluidos exmandatarios de Michoacán y Guerrero— insistentemente he escuchado que las policías ministeriales en los Estados están fuertemente infiltradas por el crimen organizado. Son ellas las que hacen posible la impunidad criminal en los municipios y facilitan la reconstitución de facto del poder local.
Estos actos brutales de reconstitución del poder local en Guerrero son posibles, también, por la larga historia de impunidad de la que han gozado los gobernantes del Estado desde los años dorados del autoritarismo priista hasta nuestros días. La brutalidad de la guerra sucia de los Gobiernos del PRI en contra de grupos guerrilleros y estudiantiles disidentes de los años setenta alcanzó en el caso específico de Guerrero niveles equiparables a las guerras sucias de Chile y Argentina. Pero estos actos quedaron impunes y la misma clase política que asesinó a disidentes sociales se ha mantenido en el poder bajo el cobijo del PRI y ahora de la izquierda partidista. Aunque el mundo ha cambiado y México y Guerrero han cambiado, la impunidad es la constante. Y esa impunidad hace posible las matanzas de Aguas Blancas y El Charco y ahora la ignominia de Iguala.
En Guerrero, gobernantes y criminales, ya sea separados o coludidos, saben que atacar a la ciudadanía e intentar eliminar a grupos sociales disidentes son crímenes que no se castigan. Cuando el alcalde de Iguala o su secretario de Seguridad o el subsecretario ordenaron los disparos en contra de los estudiantes y entregaron a los detenidos a los sicarios para que dispusieran de ellos, tenían, tristemente, una larga historia de impunidad de su lado. Cuando los sicarios de Guerreros Unidos torturaron, desaparecieron o ultimaron a los estudiantes, se cobijaron tras el manto protector de la impunidad. Es la impunidad lo que le permite igualmente al gobernante que al criminal asesinar sin chistar.
En la masacre de Iguala convergen pasado, presente y futuro. Entender la masacre solamente como un repudiable acto del crimen organizado es atender al presente sin entender el pasado. Pero interpretar este abominable hecho solamente como un crimen de Estado es mirar al presente con ojos del pasado. Para evitar que la masacre derive en un estallido social, el Gobierno federal y la sociedad civil tendrán que atender tanto lo criminal —en toda su nueva complejidad ahora que los grupos criminales quieren reconstituir la política local— como lo estatal —con la dificultad que conlleva que el Estado se vea en el espejo de la violencia—. Lo cierto es que un mejor futuro para Guerrero se podrá fincar solamente cuando le pongamos fin a una larga historia de impunidad política que alimenta y le da vida a un presente de violencia criminal.
Guillermo Trejo es profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies.
Contadores de visitashttp://elpais.com/elpais/2014/10/14/opinion/1413308987_673533.html
viernes, 26 de septiembre de 2014
miércoles, 24 de septiembre de 2014
domingo, 21 de septiembre de 2014
viernes, 19 de septiembre de 2014
jueves, 4 de septiembre de 2014
La ISI 10667: Avances en los sistemas de evaluación de personas en el trabajo.
http://blogs.gestion.pe/reinventarse/2013/08/la-iso-10667-avances-en-los-si.html
La ISO 10667: avances en los sistemas de evaluación de personas en el trabajo
http://blogs.gestion.pe/reinventarse/2013/08/la-iso-10667-avances-en-los-si.html
Dra. Elsa de Castillo
Decana de la Escuela de Post Grado Universidad Pacifico
Una de las tendencias que ha traído la globalización es el desarrollo de estándares y normas internacionales que buscan un manejo más profesional de la gestión empresarial. La ISO 10667, referida al proceso de evaluación en la gestión de personas se empieza a extender por el mundo.
ISO (International Organization for Standardization), es una federación mundial de equipos de estandarización por país. Esta organización prepara estándares internacionales orientados a la promoción de sistemas de gestión de calidad en diversos ámbitos. Estos estándares se trabajan a través de comités técnicos. La aprobación de estas normas se logra a través de votaciones donde es necesario lograr un mínimo de 75% de aprobación general.
La ISO 10667 “Evaluación de la Prestación de Servicios: Procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos laborales y contextos organizacionales”
Las normas ISO han demostrado en el pasado que son mecanismos
eficientes para definir estándares de calidad de aceptación internacional que
regulan al mercado en los ámbitos en los que actúan. En su gran mayoría
certifican los procesos a través de auditorías a cargo de entidades
independientes (la ISO 26000 de RSE, por ejemplo, no certifica y solo busca
guiar a las empresas, por lo que constituye una excepción).
Esta nueva versión de la certificación ISO está orientada a insertar sistemas de gestión de calidad (SGC) en el ámbito de la gestión de recursos humanos y,
específicamente, en los procesos de evaluación de personas en contextos laborales. La iniciativa surgió del Instituto Alemán DIN y fue aprobada en octubre 2011. La certificación obtenida tiene una vigencia de 3 años y exige el desarrollo de auditorías anuales.
La norma se aplica en tres ámbitos. Un primer ámbito es el
que se genera a nivel individual, a través de los procesos de gestión de
personas en las empresas y otras organizaciones. A este nivel, la norma abarca todo el ciclo laboral: selección, contratación, orientación y asesoramiento laboral, desarrollo personal, planificación de sucesiones y recolocación. Un segundo ámbito de aplicación es a nivel
grupal, al evaluar temas como el clima laboral y la actuación de equipos.
Finalmente, un tercer ámbito de acción se produce a nivel organizacional,
cuando se trabajan temas de cambio cultural, satisfacción laboral general,
compromiso laboral, entre otros.
La norma se compone de dos partes. Una primera parte está orientada a la descripción de las competencias, obligaciones y responsabilidades de los clientes que hacen uso de servicios de evaluación (se analizan los roles y procesos antes, durante y después del proceso de evaluación) y, una segunda, referida a la definición de estos requisitos para los proveedores del servicio de evaluación.
El principal objetivo de la norma es generar confianza en los procesos de evaluación mediante la difusión de buenas prácticas en cuanto a procedimientos y métodos aplicados, así como el aseguramiento de la equidad de los sistemas de evaluación y de la calidad en la provisión de estos servicios. De este modo, se busca promover la rigurosidad, seguridad y homogeneidad de los procesos de evaluación a nivel internacional.
La norma se estructura de este modo:
• Ámbitos de aplicación de la evaluación
• Terminología y definiciones
• Acuerdo Cliente-Proveedor del Servicio (donde se enfatiza en la definición de responsabilidades y obligaciones de clientes y proveedores de servicios de evaluación, así como en detalles relacionados con los tópicos centrales de un acuerdo).
• Procedimientos Pre-Evaluación (orientado a planificar el proceso y a lograr la prevención y reducción de posibles errores durante el mismo. Se refiere a la identificación de las necesidades de evaluación – qué evaluar, a quién, cómo y con la finalidad de cubrir qué expectativas, a la determinación de posibles conflictos de intereses que deben ser equilibrados y a la definición de un contrato por el servicio a recibir).
• Realización de la Evaluación (trata sobre la planificación de la evaluación, información a las partes implicadas en la evaluación, desarrollo de la evaluación, interpretación de los resultados, preparación de informes, comunicación de los resultados y valoración de la evaluación).
• Revisión Post-Evaluación (donde se recoge información sobre el cumplimiento de objetivos del proceso, el seguimiento del plan y oportunidades de mejora, impacto de la evaluación en los participantes, utilidad de la evaluación, análisis de procedimientos vinculados al proceso, elementos de confidencialidad y seguridad de los datos y detalles sobre los informes elaborados).
Existe un grupo amplio de personas interesadas en una norma como ésta. Entre ellos destacan: los clientes o usuarios del servicio de evaluación, los proveedores de estos servicios, los sujetos de evaluación, los desarrolladores de herramientas y procedimientos de medición, los reclutadores, los coaches, los expertos en recolocación laboral, los asesores y consultores en temas de gestión de personas, los capacitadores, los generadores de políticas y autoridades laborales, los sindicatos y las asociaciones profesionales.
Resulta de particular utilidad el hecho de que la norma enfatiza en la relevancia de emplear instrumentos de evaluación idóneos (sometidos a pruebas de validez y fiabilidad) para asegurar la objetividad, equidad, estandarización y transparencia del proceso evaluativo a través de la generación de evidencias susceptibles de ser medidas en cualquier contexto.
Asimismo, resalta los elementos necesarios para establecer buenos acuerdos entre clientes y proveedores del servicio y destaca la necesidad de hacer un adecuado uso de la información resultante de un proceso de evaluación. Como es evidente, para lograr que todo esto se cumpla es necesario que se asegure que quien ofrezca el servicio de evaluación sea un profesional competente que cuente con suficientes conocimientos teóricos y metodológicos, así como que evidencie experiencia en el desarrollo de este tipo de procesos y, no menos
importante, que pueda dar cuenta de su ética profesional.
Una norma de este tipo ayuda al mercado a contar con mejor información cuando se busque contratar a profesionales expertos en brindar los servicios de evaluación. Por el lado de las empresas proveedoras de servicios, la certificación las impulsará a mejorar sus procesos y a mantenerse actualizadas en cuanto al uso de directrices internacionales en la aplicación de pruebas. Esto elevará la confiabilidad en sus servicios y les generará un elemento distintivo en la medida en que estas certificaciones recién se inserten en el mercado local. Por el lado del cliente, cuando se trata de organizaciones, la idea es que logren mayor eficacia en el desarrollo de sus evaluaciones al promover sistemas de calidad en su gestión. Finalmente, por el lado de los evaluados, el conocer que son sometidos a procesos auditados les permitirá generar mayor confianza en los procedimientos a los que son sometidos y en los resultados que se generen a partir de los mismos.
Algunos elementos relevantes para los proveedores de servicios
En el caso de los proveedores de servicios de evaluación, la norma sugiere que se siga un proceso que incluye 7 pasos: planificación de la evaluación, comunicación a grupos de interés relevantes para el proceso, aplicación de la evaluación, interpretación de resultados, preparación y entrega de reportes, desarrollo del proceso de retroalimentación (feedback) y evaluación continua del proceso de evaluación.
En lo que respecta a la planificación de la evaluación resulta relevante destacar la importancia que se otorga a la gestión de los grupos involucrados en la evaluación y a velar por un trato equitativo con los evaluados.
Asimismo, destaca el manejo de la información y de los recursos de los que se hará uso, así como la importancia de la retroalimentación y la forma en que ésta es brindada. En cuanto al aspecto de la seguridad, menciona el cuidado que debe tenerse con los materiales utilizados, el proceso de recolección de datos y el control de la documentación generada, así como la importancia de informar a cada persona involucrada sobre sus derechos y obligaciones frente a la información a la que va a tener acceso.
En este mismo sentido, se pone énfasis en el respeto de los derechos de cada uno de los participantes en el proceso. En particular, recomienda que se coordine con el cliente sobre el modo en que se informará a las personas evaluadas sobre las razones de la evaluación, así como también sobre la intención de uso de la información recogida y sus posibles consecuencias.
Adicionalmente, se incide en que se hagan explícitas las autorizaciones requeridas para compartir la información recogida, que se le comunique al interesado dónde y cómo serán mantenidos sus datos y quién se responsabilizará por la información que se le solicite, cómo puede solicitar apoyo en el proceso, cuáles serán los pasos a seguir y, finalmente, que se le haga saber sobre sus derechos y responsabilidades al participar en dicho proceso. En términos generales, para que el proceso sea efectivo, la norma indica que se debe asegurar una guía adecuada a lo largo del mismo.
Sobre la idoneidad de los evaluadores, un tema crítico para contextos donde se requiere elevar el profesionalismo de estos servicios, la norma enfatiza en la necesidad de que los profesionales que realicen las evaluaciones acrediten experiencia verificable, entrenamiento previo y otras credenciales. Incide también en que se deben compartir con los clientes
detalles de procedimientos y métodos utilizados, así como asegurar que se
cuente con las facilidades requeridas, que se prevea la forma de actuar si
surgen inconvenientes y que se documenten los procesos adecuadamente. En cuanto a la interpretación de resultados, se exige compartir la racionalidad aplicada en la integración de la data recogida y que se cuente con el sustento físico que justifique tales conclusiones. Los reportes que emita el evaluador deberán estar adecuadamente dirigidos a cada uno de los diferentes receptores de la información y debe ser posible la verificación independiente de los mismos a través del análisis de las conclusiones emitidas y la evidencia existente. Los especialistas deben además guiar al cliente sobre cómo usar la información resultante y deben coordinar la forma en que se ofrecerá retroalimentación, de ser el caso.
Como en todo proceso de calidad, la norma incluye la indicación de llevar a cabo revisiones periódicas del sistema de evaluación (criterios utilizados, mejores prácticas para su implementación, marco legal local bajo el cual se trabaja, validez a través del tiempo de los métodos utilizados y necesidad de futuras adecuaciones). Será importante realizar una
evaluación posterior de los errores y dificultades en cada etapa del proceso para identificar oportunidades de mejora. Finalmente, en los anexos de la norma, los interesados podrán encontrar detalles específicos sobre los puntos que deben considerar en cada uno de los tópicos que hemos mencionado.
El mensaje que deben tener claro los empleadores y los proveedores que ofrecen estos servicios de evaluación es que, como en todo proceso de gestión, las personas que participan tienen el derecho de ser tratadas de manera justa y profesional. No se tiene certeza sobre cuándo esta norma será de aplicación local; no obstante, lo cierto es que cualquier empresa
que busca la competitividad internacional tendrá que considerar la implementación de estos lineamientos en la gestión de su equipo humano.
Contadores de visitas
La ISO 10667: avances en los sistemas de evaluación de personas en el trabajo
http://blogs.gestion.pe/reinventarse/2013/08/la-iso-10667-avances-en-los-si.html
Dra. Elsa de Castillo
Decana de la Escuela de Post Grado Universidad Pacifico
Una de las tendencias que ha traído la globalización es el desarrollo de estándares y normas internacionales que buscan un manejo más profesional de la gestión empresarial. La ISO 10667, referida al proceso de evaluación en la gestión de personas se empieza a extender por el mundo.
ISO (International Organization for Standardization), es una federación mundial de equipos de estandarización por país. Esta organización prepara estándares internacionales orientados a la promoción de sistemas de gestión de calidad en diversos ámbitos. Estos estándares se trabajan a través de comités técnicos. La aprobación de estas normas se logra a través de votaciones donde es necesario lograr un mínimo de 75% de aprobación general.
La ISO 10667 “Evaluación de la Prestación de Servicios: Procedimientos y métodos para la evaluación de personas en entornos laborales y contextos organizacionales”
Las normas ISO han demostrado en el pasado que son mecanismos
eficientes para definir estándares de calidad de aceptación internacional que
regulan al mercado en los ámbitos en los que actúan. En su gran mayoría
certifican los procesos a través de auditorías a cargo de entidades
independientes (la ISO 26000 de RSE, por ejemplo, no certifica y solo busca
guiar a las empresas, por lo que constituye una excepción).
Esta nueva versión de la certificación ISO está orientada a insertar sistemas de gestión de calidad (SGC) en el ámbito de la gestión de recursos humanos y,
específicamente, en los procesos de evaluación de personas en contextos laborales. La iniciativa surgió del Instituto Alemán DIN y fue aprobada en octubre 2011. La certificación obtenida tiene una vigencia de 3 años y exige el desarrollo de auditorías anuales.
La norma se aplica en tres ámbitos. Un primer ámbito es el
que se genera a nivel individual, a través de los procesos de gestión de
personas en las empresas y otras organizaciones. A este nivel, la norma abarca todo el ciclo laboral: selección, contratación, orientación y asesoramiento laboral, desarrollo personal, planificación de sucesiones y recolocación. Un segundo ámbito de aplicación es a nivel
grupal, al evaluar temas como el clima laboral y la actuación de equipos.
Finalmente, un tercer ámbito de acción se produce a nivel organizacional,
cuando se trabajan temas de cambio cultural, satisfacción laboral general,
compromiso laboral, entre otros.
La norma se compone de dos partes. Una primera parte está orientada a la descripción de las competencias, obligaciones y responsabilidades de los clientes que hacen uso de servicios de evaluación (se analizan los roles y procesos antes, durante y después del proceso de evaluación) y, una segunda, referida a la definición de estos requisitos para los proveedores del servicio de evaluación.
El principal objetivo de la norma es generar confianza en los procesos de evaluación mediante la difusión de buenas prácticas en cuanto a procedimientos y métodos aplicados, así como el aseguramiento de la equidad de los sistemas de evaluación y de la calidad en la provisión de estos servicios. De este modo, se busca promover la rigurosidad, seguridad y homogeneidad de los procesos de evaluación a nivel internacional.
La norma se estructura de este modo:
• Ámbitos de aplicación de la evaluación
• Terminología y definiciones
• Acuerdo Cliente-Proveedor del Servicio (donde se enfatiza en la definición de responsabilidades y obligaciones de clientes y proveedores de servicios de evaluación, así como en detalles relacionados con los tópicos centrales de un acuerdo).
• Procedimientos Pre-Evaluación (orientado a planificar el proceso y a lograr la prevención y reducción de posibles errores durante el mismo. Se refiere a la identificación de las necesidades de evaluación – qué evaluar, a quién, cómo y con la finalidad de cubrir qué expectativas, a la determinación de posibles conflictos de intereses que deben ser equilibrados y a la definición de un contrato por el servicio a recibir).
• Realización de la Evaluación (trata sobre la planificación de la evaluación, información a las partes implicadas en la evaluación, desarrollo de la evaluación, interpretación de los resultados, preparación de informes, comunicación de los resultados y valoración de la evaluación).
• Revisión Post-Evaluación (donde se recoge información sobre el cumplimiento de objetivos del proceso, el seguimiento del plan y oportunidades de mejora, impacto de la evaluación en los participantes, utilidad de la evaluación, análisis de procedimientos vinculados al proceso, elementos de confidencialidad y seguridad de los datos y detalles sobre los informes elaborados).
Existe un grupo amplio de personas interesadas en una norma como ésta. Entre ellos destacan: los clientes o usuarios del servicio de evaluación, los proveedores de estos servicios, los sujetos de evaluación, los desarrolladores de herramientas y procedimientos de medición, los reclutadores, los coaches, los expertos en recolocación laboral, los asesores y consultores en temas de gestión de personas, los capacitadores, los generadores de políticas y autoridades laborales, los sindicatos y las asociaciones profesionales.
Resulta de particular utilidad el hecho de que la norma enfatiza en la relevancia de emplear instrumentos de evaluación idóneos (sometidos a pruebas de validez y fiabilidad) para asegurar la objetividad, equidad, estandarización y transparencia del proceso evaluativo a través de la generación de evidencias susceptibles de ser medidas en cualquier contexto.
Asimismo, resalta los elementos necesarios para establecer buenos acuerdos entre clientes y proveedores del servicio y destaca la necesidad de hacer un adecuado uso de la información resultante de un proceso de evaluación. Como es evidente, para lograr que todo esto se cumpla es necesario que se asegure que quien ofrezca el servicio de evaluación sea un profesional competente que cuente con suficientes conocimientos teóricos y metodológicos, así como que evidencie experiencia en el desarrollo de este tipo de procesos y, no menos
importante, que pueda dar cuenta de su ética profesional.
Una norma de este tipo ayuda al mercado a contar con mejor información cuando se busque contratar a profesionales expertos en brindar los servicios de evaluación. Por el lado de las empresas proveedoras de servicios, la certificación las impulsará a mejorar sus procesos y a mantenerse actualizadas en cuanto al uso de directrices internacionales en la aplicación de pruebas. Esto elevará la confiabilidad en sus servicios y les generará un elemento distintivo en la medida en que estas certificaciones recién se inserten en el mercado local. Por el lado del cliente, cuando se trata de organizaciones, la idea es que logren mayor eficacia en el desarrollo de sus evaluaciones al promover sistemas de calidad en su gestión. Finalmente, por el lado de los evaluados, el conocer que son sometidos a procesos auditados les permitirá generar mayor confianza en los procedimientos a los que son sometidos y en los resultados que se generen a partir de los mismos.
Algunos elementos relevantes para los proveedores de servicios
En el caso de los proveedores de servicios de evaluación, la norma sugiere que se siga un proceso que incluye 7 pasos: planificación de la evaluación, comunicación a grupos de interés relevantes para el proceso, aplicación de la evaluación, interpretación de resultados, preparación y entrega de reportes, desarrollo del proceso de retroalimentación (feedback) y evaluación continua del proceso de evaluación.
En lo que respecta a la planificación de la evaluación resulta relevante destacar la importancia que se otorga a la gestión de los grupos involucrados en la evaluación y a velar por un trato equitativo con los evaluados.
Asimismo, destaca el manejo de la información y de los recursos de los que se hará uso, así como la importancia de la retroalimentación y la forma en que ésta es brindada. En cuanto al aspecto de la seguridad, menciona el cuidado que debe tenerse con los materiales utilizados, el proceso de recolección de datos y el control de la documentación generada, así como la importancia de informar a cada persona involucrada sobre sus derechos y obligaciones frente a la información a la que va a tener acceso.
En este mismo sentido, se pone énfasis en el respeto de los derechos de cada uno de los participantes en el proceso. En particular, recomienda que se coordine con el cliente sobre el modo en que se informará a las personas evaluadas sobre las razones de la evaluación, así como también sobre la intención de uso de la información recogida y sus posibles consecuencias.
Adicionalmente, se incide en que se hagan explícitas las autorizaciones requeridas para compartir la información recogida, que se le comunique al interesado dónde y cómo serán mantenidos sus datos y quién se responsabilizará por la información que se le solicite, cómo puede solicitar apoyo en el proceso, cuáles serán los pasos a seguir y, finalmente, que se le haga saber sobre sus derechos y responsabilidades al participar en dicho proceso. En términos generales, para que el proceso sea efectivo, la norma indica que se debe asegurar una guía adecuada a lo largo del mismo.
Sobre la idoneidad de los evaluadores, un tema crítico para contextos donde se requiere elevar el profesionalismo de estos servicios, la norma enfatiza en la necesidad de que los profesionales que realicen las evaluaciones acrediten experiencia verificable, entrenamiento previo y otras credenciales. Incide también en que se deben compartir con los clientes
detalles de procedimientos y métodos utilizados, así como asegurar que se
cuente con las facilidades requeridas, que se prevea la forma de actuar si
surgen inconvenientes y que se documenten los procesos adecuadamente. En cuanto a la interpretación de resultados, se exige compartir la racionalidad aplicada en la integración de la data recogida y que se cuente con el sustento físico que justifique tales conclusiones. Los reportes que emita el evaluador deberán estar adecuadamente dirigidos a cada uno de los diferentes receptores de la información y debe ser posible la verificación independiente de los mismos a través del análisis de las conclusiones emitidas y la evidencia existente. Los especialistas deben además guiar al cliente sobre cómo usar la información resultante y deben coordinar la forma en que se ofrecerá retroalimentación, de ser el caso.
Como en todo proceso de calidad, la norma incluye la indicación de llevar a cabo revisiones periódicas del sistema de evaluación (criterios utilizados, mejores prácticas para su implementación, marco legal local bajo el cual se trabaja, validez a través del tiempo de los métodos utilizados y necesidad de futuras adecuaciones). Será importante realizar una
evaluación posterior de los errores y dificultades en cada etapa del proceso para identificar oportunidades de mejora. Finalmente, en los anexos de la norma, los interesados podrán encontrar detalles específicos sobre los puntos que deben considerar en cada uno de los tópicos que hemos mencionado.
El mensaje que deben tener claro los empleadores y los proveedores que ofrecen estos servicios de evaluación es que, como en todo proceso de gestión, las personas que participan tienen el derecho de ser tratadas de manera justa y profesional. No se tiene certeza sobre cuándo esta norma será de aplicación local; no obstante, lo cierto es que cualquier empresa
que busca la competitividad internacional tendrá que considerar la implementación de estos lineamientos en la gestión de su equipo humano.
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lunes, 11 de agosto de 2014
domingo, 20 de julio de 2014
viernes, 27 de junio de 2014
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