Los trámites que nunca terminan
Por Elizabeth Cavero
Aunque parece un agitado electrocardiograma, el corazón de los inversionistas podría detenerse al ver cuán largo es un proceso de concesión cofinanciada en el Perú. En un escenario óptimo, de acuerdo con la legislación actual, un proyecto de estos demanda 48 pasos e igual número de meses. Es decir, en el mejor escenario, cada proyecto de inversión tomaría 4 años desde que se identifica hasta que se firma el contrato.
Lo anterior es parte de un informe que viene haciendo el Estudio Payet, Rey, Cauvi por encargo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP). Según Pedro Flecha, presidente de la asociación, el estudio completo, incluidas las propuestas, será presentado al Gobierno la próxima semana.
Para hacer el análisis, el estudio Payet pidió a Pro Inversión el libro blanco de 21 procesos de concesión de infraestructura y tomó una muestra de seis: carretera Ancón-Pativilca, carretera Pucusana-Ica, aeropuerto Jorge Chávez (autosostenibles) e Interoceánica Norte, Olmos y Aguas de Tumbes (cofinanciados). El que menos tiempo tomó desde la fase de promoción hasta la firma del contrato fue el de la concesión del aeropuerto (29 meses) y el que más tardó fue el de la carretera Pucusana-Ica (90 meses). El promedio fue 63 meses, es decir 5 años y tres meses, sin incluir las fases de identificación del proyecto y de diseño.
"Son períodos irracionales en un país con déficit de infraestructura", dijo José Antonio Payet, socio de la firma, en una conferencia organizada por la consultora Price Waterhouse Coopers. Uno de los problemas en la interminable vuelta de los proyectos de inversión es que el proceso es secuencial, es decir, que los trámites en los que hoy se involucran 19 dependencias públicas no avanzan en paralelo.
En el largo ida y vuelta de los proyectos llama la atención, por ejemplo, que a mitad del proceso se requiera la firma del presidente de la República, cuya opinión debería reservarse solo a los proyectos de mayor envergadura, pero que es un paso que se arrastra desde la época de las privatizaciones de los 90, explica Carlos Patrón, del estudio Payet.
¿Pueden reducirse estos plazos? Según el informe, aún preliminar, los procesos por iniciativa estatal deberían tomar entre 12 y 18 meses, mientras que los procesos por iniciativa privada podrían estar entre los 6 y los 12 meses.
Las AFP mandaron a hacer el estudio en julio del 2008, preocupadas por los problemas que tienen para invertir el dinero de los fondos de pensiones que constituyen el 65% del ahorro nacional. Flecha precisa que las AFP podrían invertir entre US$1.000 millones y US$1.500 millones en un plazo de hasta dos años. "Pero para eso necesitamos proyectos buenos, con contratos que no se cambien una y otra vez", señala.
Un tema central entre las propuestas de solución que analizan las AFP es dar mayor seguridad a los funcionarios que toman las decisiones. Se llama "murallas de papel" al cúmulo de sellos y firmas con que los funcionarios buscan protegerse de eventuales investigaciones de la contraloría. Según Payet, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control autoriza a la contraloría a hacer auditorías de gestión, cuando la Constitución le manda solo velar por la legalidad. Hoy, dicho ente podría cuestionar incluso el esquema de una concesión.
Otra corrección pendiente se refiere a las cláusulas financieras de los contratos. "Estas cláusulas pueden parecer leoninas a favor de un banco, pero la verdad es que ni los bancos ni los organismos multilaterales dan financiamiento si hay alguna duda de que las garantías puedan ejecutarse", explica Payet. En Pro Inversión lo saben, pero no incluyen estas cláusulas para que la contraloría no dilate los procesos. Como resultado, nueve meses después de la firma, en promedio, se incluyen adendas sobre el financiamiento.
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2009-01-23/los-tramites-que-nunca-terminan.html
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