Lucha anticorrupción en las esferas pública y privada
Lejos de reducirse, la corrupción sigue siendo uno de los males más graves de nuestra sociedad. Lo peor, sin embargo, es que frente a las prácticas, delitos, vicios o abusos que conlleva, no hay propósito firme de combatirla tanto desde el ámbito público como desde el privado.
Tal percepción es la cruda realidad que recoge la última encuesta realizada en Lima por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP); un panorama sin duda desalentador y pesimista que en lugar de críticas, debería motivar reacciones inmediatas en quienes dirigen al Estado, los gremios y, en general, en cada uno de los ciudadanos.
Por ejemplo, en la esfera de lo privado y de lo íntimo, resulta alarmante el grado de tolerancia que mostramos ante la deshonestidad. Evidentemente, el problema de fondo no solo es que casi el 80% de los encuestados piense que el peruano es poco o nada honesto —es decir, de autopercibirnos como corruptos—, sino además que 64% crea que esta situación se mantendrá en los próximos años. ¿Qué significa esto? Pues que existe un déficit ético muy grande que exige ser enfrentado desde diferentes perspectivas: con una educación en valores, desde la familia y las escuelas; unas políticas públicas, que premien las buenas prácticas —y no al revés—; y unos mecanismos de sanción social y judicial eficientes, que garanticen la transparencia como norma y destierren la impunidad como premisa.
La salida más sencilla siempre será minimizar el problema cuando, ante la corrupción, lo único que cabe es la tolerancia cero. Como revela la encuesta de la PUCP, seguimos pensado que la ilegalidad reside solo en apropiarse de dinero o propiedades públicas (27%), conseguir beneficios particulares aprovechando un cargo público (20%) o el nepotismo (10%). También está en un sinnúmero de prácticas diarias, que miramos de manera permisiva y que nos convierte en cómplices o en corruptores.
Pero si el ciudadano tiene tareas pendientes, en la esfera de lo público, quienes ostentan el poder y toman las decisiones, tampoco pueden ponerse de perfil porque así lo exige un país, harto de actos impunes y manejos oscuros. La encuesta es clara: Congreso (78%), Poder Judicial (76%), partidos políticos (75%), policía (73%), Gobierno (67%), municipalidades (64%), FF.AA. (62%), regiones (62%), empresa privada (47%) y medios de comunicación (41%) son todos " algo corruptos" o "muy corruptos".
Las estadísticas solo traducen la fractura institucional que predomina y que los diferentes sectores no pueden desdeñar. Por el contrario, lo que corresponde es que asuman sus compromisos con transparencia, empezando por los que dirigen el Estado. Después de todo, el 54% piensa que este delito se da entre los políticos y 78% que la política corrompe.
Sería irresponsable hacer generalizaciones, pero también es cierto que el Gobierno no ha dado señales claras de querer adecentar la cosa pública.
Luego del fujimorato —reconocido como el más corrupto—, poco se ha hecho en denuncias graves y puntuales. No funcionaron los pomposos "zares" anticorrupción ni la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA).
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