El negocio del agua

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La Noticia

(1) Urge una reforma de la gestión del agua que permita la inversión pero sin perder soberanía. (2) Sedapal, una codiciada presa para los privatizadores. (3) Fujimori, Toledo y García han apostado por la privatización del agua.

Desde hace veinte años existe una ofensiva para que la gestión del agua en el Perú pase a manos privadas y se convierta en un negocio. Fujimori empezó con la eliminación de la Empresa Nacional del Agua, municipalizando el servicio a fin de que sea más fácil su privatización; luego Toledo se encargó de dar el marco legal para que las reservas hídricas puedan ser dispuestas por inversionistas en proyectos especiales, incluso poniendo tarifas; y finalmente, García ha dado una serie de medidas para que, mediante licencias y otros mecanismos, se transfiera el uso del agua a grandes empresas privadas. ¿Es posible revertir esta tendencia?

Tanto trabajadores de agua potable y alcantarillado reunidos en la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú (Fentap), como productores afiliados a la Confederación Campesina del Perú, vienen manifestando su rechazo al proceso de privatización del agua en el Perú. Y no es para menos, pues la actual estructura legal montada desde el gobierno de Fujimori y continuada por los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, está diseñada para que sean empresas transnacionales las que manejen los recursos hídricos en el país, no sólo a través del impulso de la privatización de las entidades prestadoras del servicio público de agua potable y alcantarillado en las principales ciudades del país (EPS), sino también mediante el control directo del agua en el contexto de megaproyectos como las grandes irrigaciones y represas.

Y si bien hasta el momento sólo una EPS, la de Tumbes, ha sido privatizada (con muy malos resultados, por cierto), hay todo un proceso en marcha para que en nuestro país el agua, al igual que la salud, la Educación y la seguridad social, pasen a manos privadas y se convierta en un rentable negocio, en claro perjuicio para los bolsillos de los peruanos.

Privatización del agua

El primero fue Fujimori, quien en medio de la aplicación de las políticas neoliberales más radicales en la década del noventa durante su dictadura, no sólo destruyó la Empresa Nacional del Agua (SENAPA), sino que implementó una agresiva ofensiva para privatizar las Empresas Públicas de Agua (EPS).

Esta misma orientación continuó a lo largo de LA PRIMERA década del siglo XXI, profundizándose especialmente en el actual gobierno de Alan García, a través de los decretos legislativos Nº 1031, 1012 y el Decreto de Urgencia 121/2009, cuya lógica dice que para que nuestros recursos naturales adquieran valor y las empresas publicas generen valor agregado, es indispensable entregar su control a empresas privadas, sin preservar soberanía para el estado peruano.

Toledo no se quedó atrás, pues fue en su gobierno en el que se promulgó la Ley N° 28029, que regula el agua en los proyectos especiales entregados en concesión, a fin de facilitar las reservas de agua a los concesionarios, pudiendo establecer éstos las tarifas que garanticen su rentabilidad, a las cuales, lógicamente, no podrán acceder los pequeños productores como se ve en los proyectos de irrigación Olmos y Majes-Siguas II.

Ya en marzo del 2009, el gobierno aprista aprobó la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 y dio un paso más allá, consagrando un régimen de derechos para el uso del agua, mediante licencias, pero con el mismo alcance de una concesión, en la que se otorga a los privados derechos reales vinculados con la propiedad.

El agua en Lima

Sedapal, empresa pública que abastece Lima, siendo la más importante de agua potable y saneamiento del país en manos del gobierno central, vive un proceso de desarticulación y privatización, mediante la tercerización de sus principales actividades productivas y comerciales.

Actualmente, se están privatizando las plantas de tratamiento de aguas servidas. LA PRIMERA fue la planta “La Taboada”, entregada en concesión a la Empresa Transnacional Española ACS. Ahora el turno es de “La Chira” que se entregará -bajo las mismas condiciones- a otra empresa extranjera.

Lo complicado de este asunto, es que estos procesos privatizadores se desarrollan en medio de una gran corrupción que ha hecho de Sedapal uno de los más importantes centros operativos de las mafias de turno. En medio de este caos, el famoso programa “Agua para Todos” parece más una cortina de humo para ocultar tanto la corrupción como la privatización. Mientras ello ocurre más de un millón de habitantes de Lima Metropolitana carecen de agua potable y de sistemas de alcantarillado.

El agua en el interior

Una de las poblaciones más preocupadas por la amenaza privatizadora de las empresas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado (EPS) se encuentra en Piura, pues ve cómo se cierne una amenaza contra la EPS Grau, lo que se ha puesto en el primer lugar de la agenda de esta región, especialmente luego de ver la mala experiencia de la privatización de la empresa de agua vecina en Tumbes, privatizada durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Asimismo, están siendo impulsadas las privatizaciones de las plantas de tratamiento de aguas servidas en Cajamarca y Cusco. Es que desde que Fujimori municipalizó las empresas del agua, las EPS están expuestas a cuadros de sobrevivencia sin planes serios de inversión pública, pues los municipios no cuentan con los recursos suficientes que permitan su modernización y por ello no pueden ampliar sus servicios para atender a una población que aumenta todos los años, en especial en las áreas urbanas.

Podemos decir que la gran mayoría de las EPS ha restringido sus ámbitos de atención territorial, en especial en las zonas rurales, donde las carencias de agua potable y saneamiento son extremadamente alarmantes. Este sistema no es sostenible, pero se usa como excusa para sostener que las empresas prestadoras del servicio de agua (EPS) deben pasar a manos privadas.

Si hoy la mayoría de EPS logran sobrevivir se debe básicamente a la voluntad de resistencia de los trabajadores y de los pueblos que, en muchos de casos, cuentan con el acompañamiento y cooperación de los directorios de las propias empresas; que en conjunto y de manera solidaria, enfrentan las arremetidas privatizadoras desde el gobierno central, el mismo que a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento condiciona la entrega de recursos públicos y el otorgamiento de créditos y ejerce presión para que sean privatizadas, mediante la modalidad de la Asociación Público Privada, regulada por el Decreto Legislativo N° 1012.

El problema no es que haya inversión privada en este sector, pues tranquilamente se puede buscar la manera de hacerla viable. El tema es que el Estado tiene que conservar la soberanía del recurso hídrico y por lo menos controlar el 51% de las acciones en estas empresas estratégicas, tener derecho de veto en el directorio, o buscar otros mecanismos. Sin embargo, esto no forma parte del D. L. 1012, lo que en buena cuenta es una forma camuflada de privatización.

Asociación Público Comunitaria

Organizaciones como la Fentap señalan que la alternativa tanto a la privatización, como a los problemas que vienen enfrentado las EPS en manos de las municipalidades, es la propuesta de la Asociación Pública Comunitaria, que consiste en que las EPS formen parte del aparato estatal mediante una nueva empresa nacional descentralizada, a fin de que cuenten con la inversión pública necesaria para dar un servicio de calidad a toda la población.

La apuesta es construir un nuevo tipo de empresa pública. Una moderna, eficiente, democrática, en la que se respeten los derechos de los trabajadores y en la cual los usuarios cuenten con los mecanismos de participación adecuados para mejorar el servicio y fiscalizar. Esto es posible sólo con un cambio en la orientación que se ha venido dando a la gestión del agua.

Y sin duda lo que se requiere es un cambio en la correlación de fuerzas, que permita que la corrupción y la lógica de “la plata viene sola” no intervengan en la prestación de servicios esenciales como es el caso de la gestión del agua y toda su problemática, que es estratégica para el desarrollo del país.

A propósito de la campaña electoral para elegir al próximo presidente del Perú, urge poner este tema en el debate nacional.

Otras dimensiones del agua

La gestión del agua no debe ser vista sólo como acceso por parte de la población a agua potable y alcantarillado, sino debe apreciarse en todas sus dimensiones que se vinculan con la soberanía y seguridad alimentaria; la preservación de los ecosistemas; su gran capacidad energética para la transformación productiva; y su dimensión social y cultural, que en conjunto constituyen factores decisivos para el desarrollo, progreso y bienestar nacional.

El Perú está ubicado entre los 30 primeros países del mundo que cuentan con el mayor desequilibrio físico-social, lo que explica, en cierta medida, nuestra situación de atraso y subdesarrollo. Es decir, el agua en el Perú está en desequilibrio con la generación de alimentos para la población. Somos importadores netos de alimentos básicos y proveedores de alimentos e insumos agropecuarios para el mercado externo.

Asimismo, el agua en el Perú está en desequilibrio con la generación de energía hidroeléctrica para desarrollar nuestro mercado interno (en especial la industria, el agro y el transporte), ya que principalmente se usa y privatiza para satisfacer las demandas de las empresas trasnacionales mineras, de Hidrocarburos, así como para un puñado de empresas agro exportadoras.

La actual política de construir mega proyectos de irrigación y de infraestructura hidráulica para generar energía que impulsa el gobierno de Alan García, no hace sino profundizar estos desequilibrios. Es hora de una transformación.

Carlos Bedoya y Víctor Torres Lozada