Más firmeza y transparencia en lucha anticorrupción
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha informado sobre notables avances en la lucha anticorrupción, que evidencian la importancia que el Gobierno asigna al tema.
Esto es positivo. Lo que falta ahora es reseñar las líneas maestras del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, anunciada meses antes, así como informar periódicamente a la ciudadanía sobre los avances.
Según Simon, son 867 los servidores públicos que ya recibieron una condena y hay más de 7 mil funcionarios procesados, aunque son evidentes las dificultades para separar del aparato público a estos malos funcionarios.
Igualmente es saludable el lanzamiento de la campaña televisiva Por un Perú Íntegro, con la que se pretende llegar a colegios e instituciones públicas.
Sin embargo, para lograr resultados efectivos a largo plazo, esta campaña debe complementarse con una revisión del currículo educativo, de modo que los estudiantes reciban una educación continua en valores y entiendan la necesidad de actuar rectamente para lograr los objetivos personales y nacionales.
En cuanto a sectores, conforme a lo reseñado, en el primer trimestre del 2009 el Ejecutivo recibió 1.992 denuncias por actos de corrupción, de las cuales el 72% corresponde al Ministerio de Educación, 17% al del Interior y 7% al de la Mujer y Desarrollo Social.
Esto es revelador y llama a reflexión sobre la complejidad del sector Educación, que está en un trascendental proceso de cambio y enfrenta difíciles escollos vinculados a la corrupción. En la Policía Nacional está pendiente, como reconoce la ministra del sector, una labor monumental para desterrar la lacra corruptora y recuperar la ética y moral institucional.
El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción está enfocado en tres aspectos: la ineficacia en los mecanismos de control y sanción, la falta de transparencia y límites en el acceso a la información pública, y la limitada educación sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos frente al Estado.
Como puede verse, la transparencia es un factor fundamental, sin el cual cualquier iniciativa contra la corrupción está destinada al fracaso. Eso es lo que deben entender las instancias más altas del Poder Ejecutivo, para hacer cumplir la ley de transparencia y obligar a los ministerios a mantener actualizados sus portales de Internet, sobre todo en aspectos de presupuesto, contratos, gastos por viáticos y de telefonía y otros rubros de interés público.
La tarea es ardua y monumental, por lo que no puede ser exclusiva del Ejecutivo sino demanda el concurso de todos los poderes públicos, como el Legislativo y el Judicial, que deben involucrarse más.
El Estado está para servir a los ciudadanos y no para servirse de él. Esa es una máxima que debe ser asumida no solo por todos los funcionarios públicos, sino por los ciudadanos que deben exigir sus derechos. Ellos son la razón de ser del Estado democrático.
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